Esta situación ha impactado de lleno a México, que hoy se encuentra entre las cinco naciones con el mayor número de solicitudes de asilo: sólo en 2023 se recibieron 273 mil nuevas peticiones de ciudadanos de más de 100 países, entre los que destacan Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Esta crisis es de una gran complejidad y responde a múltiples factores, pero es posible encontrar un hilo conductor en los desastres que obligan a millones de seres humanos a abandonar sus lugares de origen: el papel de Estados Unidos en la región. En efecto, todos los países que se encuentran en la lista de mayores expulsores de personas cargan con un historial de intervenciones armadas, instalación de gobiernos títeres corruptos y violentos, sanciones, injerencismo, rapiña corporativa y otras agresiones por parte de la superpotencia.

Haití fue invadido militarmente y su muy precaria economía fue devastada por la imposición del dogma neoliberal sobre una sociedad agraria que no contaba con ningún elemento para hacer frente a la competencia desleal de las multinacionales. Cuando la apertura económica se saldó con un previsible fracaso, las empresas extranjeras se limitaron a hacer las maletas, dejando tras de sí un yermo en el que se habían desmontado las unidades productivas locales y no existía ninguna fuente de divisas para adquirir bienes del exterior. Honduras fue reducida a la condición de gigantesca base militar del Pentágono y la CIA para la coordinación de sus crímenes de guerra contra Nicaragua, que a su vez fue destruida por la osadía de sacudirse la dictadura somocista leal a Washington. El Salvador quedó marcado por casi tres lustros de guerra civil, la cual se prolongó por el empeño de la Casa Blanca de conservar en el poder a un régimen oligárquico y brutal. Guatemala, no mencionada en el recuento anterior, fue víctima de procesos similares al salvadoreño, que además conllevaron ataques genocidas contra los pueblos indígenas para despojarlos de sus tierras.

Es imposible hablar de los estropicios de Washington en América Latina sin referir los casos de Cuba y Venezuela. Por décadas, ha patrocinado a los grupos anticubanos instalados en su territorio, ha organizado operaciones de sabotaje, ha formado a células terroristas y ha intentado sin éxito poner en marcha una insurrección que le entregue la isla para someterla al mismo destino de Puerto Rico. En su afán por derrocar al fallecido presidente Fidel Castro, la CIA se hizo acreedora del dudoso título de haber conspirado más veces (y fracasado en todas ellas) para perpetrar un magnicidio. En Venezuela, Estados Unidos ha sido un notorio organizador y financista de intentonas golpistas contra el chavismo, y llegó al extremo de crear un gobierno ficticio, esperpento que acabó por diluirse, pero le sirvió de pretexto para robar miles de millones de dólares en activos de la nación petrolera. Tanto a La Habana como a Caracas las ha oprimido con los más crueles e ilegales bloqueos comerciales, políticos, financieros y diplomáticos, además, se ha mantenido impávido ante el abrumador rechazo de la comunidad internacional a sus medidas de tortura económica.

Como se ve, Washington tiene recursos ilimitados para destruir países. Sin embargo, no se siente obligado a dar un dólar para revertir los daños ocasionados por dos siglos de imperialismo. Como mayor potencia económica del hemisferio y principal responsable de las condiciones actuales de la región, Estados Unidos puede y debe abordar la crisis del desplazamiento forzado con acciones de dos tipos: por una parte, levantando las sanciones ilegales que mantiene contra los países que no se pliegan a sus dictados y, por otra, aportando los fondos para atajar la pobreza, la inequidad, la violencia y la corrupción, fenómenos que son los principales generadores de refugiados. (other-news - Editorial – La Jornada)